Cada vez se adoptan más bebés en el circuito ilegal

Cuando comenzó a funcionar el Registro Único de Adopción en 2001, la cantidad de recién nacidos que eran adoptados cada año rondaba en un promedio de 26. Con el tiempo, ese número cayó a apenas 12. Desde el Equipo Interdisciplinario de Adopción señalaron que las causas son múltiples pero que, en parte, se debe a que sigue habiendo traspasos ilegales de bebés.

La cifra fue presentada ayer por la coordinadora del RUA, María del Carmen San Martín, y uno de los integrantes del EIA, Gonzalo Valdés, a varios senadores. En febrero, el legislador Armando Camerucci elaboró un proyecto, que fue aprobado por sus pares, para que se citara a la funcionaria. Esto, para que explicara declaraciones radiales en las que había manifestado que es bastante habitual el tráfico de bebés en Mendoza.


Uno de los motivos por los que Camerucci solicitó la reunión -conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Asuntos Sociales y Trabajo, y Derechos y Garantías- fue para conocer si la coordinadora del RUA, dado que afirmó conocer estas situaciones, había denunciado los casos. San Martín y Valdés detallaron que pudieron denunciar cuatro sucesos y que tres se tradujeron en actuaciones policiales.

Ambos indicaron que saben que la venta de niños ocurre -y lo vienen advirtiendo hace 10 años- porque algunas personas que están inscriptas en el registro les han comentado que se les ha acercado gente a ofrecerles bebés.

De hecho, cuando tienen las primeras entrevistas con los aspirantes a adoptar les explican, entre otras cosas, que es muy probable que esto suceda. Sin embargo, para poder realizar una denuncia necesitan de datos concretos y es muy difícil que consigan esa información.

Modos de rodear lo legal

Además de la dificultad para identificar a quienes están detrás de la venta de bebés, los funcionarios del RUA explicaron que las modalidades van cambiando a medida que se refuerzan los controles.

En diciembre del año pasado se implementó un nuevo sistema para inscribir a los recién nacidos, por el que se registra la huella plantar del bebé y la del dedo de la madre. El documento se envía desde la maternidad al Registro Civil, lo que dificulta la adulteración del certificado de nacido vivo.

Pero indicaron que muchas veces el negocio se produce en forma previa al nacimiento y existen otros modos de apropiarse de los niños de manera ilegal. Sobre esto, Gonzalo Valdés recalcó que es necesario entender que la apropiación de chicos no sólo ocurrió durante la dictadura sino que sigue pasando cada vez que una familia le niega al pequeño su historia e identidad, por “adoptarlo” fuera de la ley.

También insistió en que se puede hablar de tráfico de bebés no sólo cuando los venden a otros países sino cuando el niño pasa de un barrio a otro dentro de la provincia.

Una de estas prácticas es la guarda de hecho y otra la entrega directa, que los jueces de Familia han ido desalentando y que la reforma propuesta del Código Civil elimina como posibilidad.

Pero los especialistas observan que ha crecido otra modalidad: la del presunto padre que aparece después de que la mamá ha inscripto al niño sola, para reconocer una -en este caso ficticia- paternidad y se hace cargo del chico. Esto es posible porque no se pide un ADN para comprobar la filiación. Años después, la esposa del hombre le perdona la supuesta infidelidad y opta por la adopción simple.

Cambiar actitudes y prevenir

Ante este panorama, en que los modos de apropiación ilegal mutan para ajustarse a los nuevos controles, los senadores consultaron a San Martín qué medidas se pueden adoptar.

La coordinadora del RUA señaló que hay que concentrarse en acciones preventivas en los centros de salud y hospitales para detectar mujeres que están en conflicto con su maternidad, de manera que profesionales puedan asesorarlas sobre sus opciones.

Así, señaló que se debe prestar particular atención a las mujeres que no se han hecho controles durante el embarazo y recién acuden a un centro asistencial al momento del parto o, por el contrario, las que se atienden en efectores públicos y luego tienen al bebé en un hospital privado.

Pero planteó que esto requiere, a su vez, un cambio social para que cuando la madre manifiesta que no quiere o no puede hacerse cargo de la crianza del niño, no sufra una condena social, sino que se la acompañe para que pueda tomar una decisión informada (ya sea de criarlo o darlo en adopción).